En medio de otra polémica entre el Gobierno nacional y el de la provincia de Buenos Aires por el aumento del costo para realizar la Verificación Técnica Vehicular (VTV) para los usuarios, el otro gran distrito argentino, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, extendió por dos meses la operación de las siete plantas actuales de su jurisdicción, a fin de asegurar la continuidad del servicio mientras se adapta el sistema previsto por la Ley 6.963.

La prórroga alcanza a las compañías que ya realizaban las revisiones técnicas bajo el esquema de concesión que regía desde 2016, cuyos contratos vencieron el pasado 1 de octubre. De este modo, la extensión se mantendrá hasta el 1 de diciembre.

La medida posterga la puesta en marcha plena del modelo que habilita a talleres mecánicos y concesionarias a convertirse en prestadores de la revisión obligatoria para vehículos particulares. La normativa aprobada en la Legislatura porteña en agosto pasado, eliminó el límite numérico para las estaciones y habilitó la competencia entre prestadores, que podrán fijar su tarifa con las excepciones previstas para los beneficios sociales.

Pese a que la Ciudad abrió el registro y reglamentó el procedimiento en agosto, no hay hasta el momento talleres particulares ni concesionarias habilitados para realizar la VTV. Sí hubo consultas y presentaciones de establecimientos interesados en sumarse al sistema, según pudo saber Infobae.

Cada aspirante debe acreditar condiciones técnicas, edilicias y operativas antes de obtener la inscripción. El proceso contempla la presentación de documentación, la revisión del expediente por parte de las autoridades y una inspección presencial de las instalaciones y del equipamiento.

Entre las exigencias figuran la disponibilidad legal del inmueble, la habilitación correspondiente en la Ciudad, la designación de un director técnico que sea ingeniero matriculado y la definición de las categorías de vehículos que podrá revisar cada estación.

Además, cada línea de inspección debe contar con instrumentos específicos, entre ellos frenómetro, alineador de faros con luxómetro, detector de holguras, equipo para controlar la alineación de dirección, decibelímetro, opacímetro para motores diésel y analizador de gases para motores nafteros. Los equipos deberán someterse a controles de calibración cada seis meses o cada 6.000 revisiones, según cuál de los dos límites se alcance primero.

El nuevo régimen también exige que los establecimientos dispongan de un sistema informático capaz de registrar las inspecciones, recibir datos de los equipos y transmitirlos en tiempo real a una plataforma centralizada, bajo acceso permanente de la autoridad de aplicación.

La extensión de las concesiones mantiene en funcionamiento a las siete plantas que ya atendían en la Ciudad.

La disposición transitoria de la Ley 6.963 había previsto que la incorporación de nuevos talleres fuera progresiva y estuviera vinculada con el vencimiento de los contratos existentes. El objetivo era evitar una interrupción del servicio y, al mismo tiempo, permitir que los futuros prestadores adecuaran sus instalaciones a los requisitos fijados en la reglamentación.

La extensión otorgada ahora confirma que esa transición demandará más tiempo. El Gobierno porteño busca que los nuevos interesados cumplan con las condiciones necesarias para efectuar las verificaciones de forma segura y bajo los parámetros técnicos establecidos, antes de incorporarlos a la red.

La reforma también contempla modificaciones en la periodicidad de las inspecciones: la primera revisión deberá realizarse a los cinco años del patentamiento, luego cada dos años hasta que el vehículo cumpla diez años y, desde entonces, una vez por año. Sin embargo, la información oficial conocida hasta el 16 de octubre no precisó si esos plazos ya comenzaron a aplicarse durante la prórroga de las concesiones actuales.