>Una transición política en Venezuela puede ocurrir incluso después de una elección fraudulenta seguida de represión, donde los resultados son disputados y quienes están en el poder se niegan a ceder el control. Históricamente, el régimen no ha hecho concesiones voluntarias y ello no va a cambiar. La pregunta clave es cómo proporcionar incentivos, dentro de los límites del Estado de derecho, a quienes podrían facilitar un cambio desde el sistema político represivo vigente hacia el desafiante camino a la democracia.

Después de la medianoche del domingo, el presidente del Consejo Nacional Electoral informó verbalmente que Maduro había ganado las elecciones presidenciales con el 51% de los votos, basándose en los resultados del 80% de los recintos electorales, después de que un supuesto “ataque terrorista” retrasara el anuncio. El candidato opositor Edmundo González supuestamente terminó en segundo lugar, con el 44%. No hay evidencia creíble que respalde estos resultados. De hecho, toda la evidencia disponible, incluidas las encuestas de boca de urna y las boletas electorales a las que tuvieron acceso los testigos de la oposición, indican una victoria abrumadora de González, incluso en zonas tradicionalmente favorables al gobierno. El Centro Carter, que llevó a cabo una misión de observación electoral en el país, concluyó que las elecciones no cumplieron con estándares internacionales de integridad electoral y que no se pudo verificar ni corroborar los resultados electorales oficiales.

Por ello, incluso en medio de protestas cada vez más intensas y la represión que se desató, es importante reenfocarse en las condiciones que podrían llevar a un acuerdo político duradero, incluidas las posibles garantías para las personas que están o podrían estar sujetas a procesos penales y podrían desempeñar un papel en una transición hacia la democracia.

Los abusos cometidos en Venezuela, incluidos aquellos cometidos durante las brutales represiones de las protestas en 2014 y 2017, llevaron a la fiscalía de la Corte Penal Internacional a iniciar la primera investigación sobre crímenes de lesa humanidad en América Latina. Estas acusaciones incluyen detención ilegal, tortura, violación y otras formas de violencia sexual, y persecución política. La Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela de la ONU ha documentado la complicidad del poder judicial y ha denunciado que la represión continúa. Dada la falta de independencia judicial en el país, los mecanismos de responsabilidad internacional son la principal vía para que las víctimas busquen justicia. La represión actual contra opositores y ciudadanos de a pie por ejercer derechos fundamentales simplemente está añadiendo más pruebas al historial criminal del régimen.