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16/02/2025

Radiografía de los planes de vivienda del Estado: el largo derrotero del Procrear, disuelto por el Gobierno

Fuente: telam

Javier Milei cree que no debe existir intervención estatal en el acceso al techo propio. En el país, 1 de cada 3 familias no es propietaria

>El martes pasado el gobierno nacional oficializó la disolución de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, del Ministerio de Economía. La medida determina que la gestión de los programas y proyectos pasa a manos de la Secretaría de Obras Públicas, que ahora deberá ocuparse de la finalización, cierre y transferencia de proyectos en la materia, incluidos los programas Procrear y Casa Propia. La decisión se concretó mediante la publicación del decreto 70/2025, publicado en el Boletín Oficial.

En Argentina, según el Censo 2022, una de cada tres familias argentinas no posee una vivienda propia. Por otra parte, más de 2 millones de hogares en Argentina son inquilinos, una situación que se fue acentuando: entre 2010 y 2022 el porcentaje de hogares bajo alquiler pasó del 16% al 20% a nivel nacional, según datos del INDEC. Y el déficit habitacional total en Argentina fue estimado en 3.240.000 de viviendas

“Una pareja que vive en la casa de los padres, estadísticamente para nuestro país no se encuadra dentro del déficit habitacional. Y quienes viven en condiciones no deseadas tampoco se incluyen. Entonces, esa variable está maquillada. No tenemos un buen mapeo de esta problemática”, sostuvo Fabio Quetglas, Director de la Maestría en Ciudades de la UBA, ante la consulta de Infobae.

Dos de los casos que mencionó fueron los de Chile y Uruguay, donde además de la estabilidad económica, se implementaron políticas orientadas a facilitar e incentivar el crédito hipotecario, dando apoyo a la actividad inmobiliaria, mejorando la regulación de suelo y ayudando a los gobiernos locales con regulaciones federales.

“Desde el gobierno podrían decir que nosotros vamos hacia la estabilidad económica, lo cual es necesario, pero con eso no es suficiente. Lo que ocurre es que nosotros vamos de un extremo a otro: que todo lo resuelva el Estado o que todo lo resuelva el mercado, pero en los casos de éxito queda claro que las políticas públicas son necesarias”, añadió Quetglas, quien como diputado nacional (UCR) integra la comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano de la cámara baja.

Procrear era el nombre oficial del Programa de Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar. Fue un programa del gobierno nacional que otorgaba créditos para la construcción de viviendas, creado en junio de 2012 durante la presidencia de Cristina Kirchner.

La iniciativa fue discontinuada y reformulada durante la gestión de Mauricio Macri, que introdujo la opción de comprar viviendas usadas a través del Banco Nación, con una tasa del 3,5%, pero con el capital actualizado según las Unidades de Valor Adquisitivo (UVA). El monto de dichas cuotas se mantuvo atado a la inflación, lo cual generó un problema mayúsculo para los adjudicatarios años después, cuando el IPC se disparó. Tras la finalización de su mandato, el plan fue relanzado por Alberto Fernández en agosto de 2020, en plena pandemia. Los nuevos planes se lanzaron a través de distintas líneas, ajustados según la fórmula HogAr, que contemplaba la variación salarial, reemplazando a las UVA como sistema de actualización crediticia.

El 12 de noviembre del año pasado, el Ejecutivo decidió eliminarlo.

Según información oficial de la última etapa del Procrear, entre 2020 y 2023 se otorgaron 181.302 créditos, 65.339 para la construcción y 115.963 para mejoras. La inversión acumulada fue de $300.955 millones.

En total se construyeron casi 4 millones de metros cuadrados y para agosto de 2023, el 83% de las viviendas había finalizado su ejecución. El 84,3% de los emprendimientos fue sobre lotes propios y el resto sobre lote de familiar directo.

La fuente de los datos, fue el Banco Hipotecario, en su carácter de fiduciario. Los créditos se otorgaron en pesos, a tasa cero y a 30 años y se actualizaban con el Coeficiente Casa Propia, que tenía en cuenta la actualización de los salarios de las familias adjudicadas. Estaban destinados a la construcción de viviendas permanentes de hasta 60 metros cuadrados.

Los distritos con menos beneficiarios están encabezados por CABA, que pese a su densidad poblacional sólo registró el 0,15% de los créditos otorgados, seguida por San Juan y Santiago del Estero.

Casa Propia fue otro programa que se encontraba bajo la órbita de la ahora disuelta Secretaría y abarcaba tanto la línea de construcción como la de refacción. La última información disponible data de septiembre de 2023. En ese momento se listaron 1.611 obras, de las cuales 185 estaban terminadas, 1.021 en ejecución y 405 en trámite de convenio. En 308 casos los entes ejecutores eran los municipios.

La oposición cuestionó el sorteo y la Unión Cívica Radical presentó una denuncia en la Justicia, además de pedidos de informes en los concejos deliberantes, la Legislatura provincial y la Cámara de Diputados de la Nación.

Este miércoles, mientras se discutía el proyecto de Ficha Limpia en la cámara baja, la diputada Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria) dijo que había 3 fondos, el Procrear, el de la Vivienda Social y el de Integración Sociourbana. “El Procrear le dió vivienda a 110.000 familias con una tasa subsidiada. Los fondos no tienen ni una sola mancha”, sostuvo.

De acuerdo con la base de datos de Presupuesto Abierto, la secretaría que se acaba de disolver, tuvo el año pasado un crédito vigente de $430.490 millones de los cuales apenas se comprometieron $180.618 millones, es decir el 42%, pero lo que realmente se desembolsó fue mucho menos: $31.344 millones, el 17% del presupuesto total.

Estas dos partidas no fueron ampliadas en 2024 y se mantuvieron con los mismos recursos que en 2023. Y si se comparan ambos años resulta que en el último año se gastaron $238.250 millones menos con relación al último año del gobierno de Alberto Fernández.

La llegada del gobierno de Javier Milei y las nuevas políticas habitacionales llevaron incertidumbre a los adjudicatarios de viviendas sociales que se estaban ejecutando. Las deudas también se acumulaban, pero cuando el año pasado el jefe de Gabinete Guillermo Francos fue consultado sobre esto por representantes del Congreso, les recordó que rige la emergencia económica hasta el 31 de diciembre de 2025 y que las transferencias de recursos quedaban supeditadas a la restricción presupuestaria.

A mitad del año pasado la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) había confirmado que la deuda del Gobierno con las empresas que realizan las obras era de aproximadamente $55.000 millones. No existe un número actualizado de ese monto.

No es la única deuda pendiente. Hay mucho camino por recorrer en materia de generación de suelo urbano. Expertos coinciden en que el Estado debería ayudar a los gobiernos locales a generar lotes con servicios, porque eso marcaría una gran diferencia al estimular la inversión en hábitat, facilitando que se convierta en realidad el sueño del techo propio.

Carga y chequeo: Desiré Santander

Fuente: telam

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