18/12/2025
Una por una: todas las medidas del decreto supremo firmado por el presidente de Bolivia
Fuente: telam
El escrito dispone acciones inmediatas para estabilizar la macroeconomía y recuperar la liquidez interna. También busca fortalecer las reservas internacionales y garantizar el abastecimiento de combustibles y energía
>El Gobierno de Bolivia ha declarado la Emergencia Económica, Financiera, Energética y Social en todo el país, adoptando un paquete de medidas excepcionales para enfrentar la crisis estructural que atraviesa la nación. El Decreto Supremo N° 5503, firmado por el presidente Rodrigo Paz Pereira y su gabinete, establece acciones inmediatas para estabilizar la macroeconomía, recuperar la liquidez interna, fortalecer las reservas internacionales y garantizar el abastecimiento de combustibles y energía, con el objetivo de reactivar la producción, la inversión y el empleo, así como modernizar y transparentar la administración pública.
El decreto atribuye la crisis actual a la gestión anterior, señalando que el país enfrenta el mayor desabastecimiento de combustibles de su historia, con filas de más de una semana, paralización productiva, inflación y un déficit fiscal acumulado de más de USD 30 mil millones en cinco años. Según el texto, la corrupción y la mala administración provocaron el agotamiento de las reservas internacionales, que pasaron de USD 15.100 millones en 2014 a USD 2.300 millones en 2023, y la reducción del oro monetario del Banco Central de Bolivia de 42 a 22 toneladas, de las cuales seis ya están comprometidas.
En el ámbito técnico, el decreto denuncia que el modelo de subsidio a los combustibles resultó insostenible, incentivando el contrabando de aproximadamente el 30% de la producción nacional hacia países vecinos, según estudios de YPFB y organismos internacionales. La infraestructura energética fue descuidada, con inversiones inferiores al 40% de lo necesario para el mantenimiento básico, lo que generó cuellos de botella logísticos y justificó importaciones sobrefacturadas. Además, se señala que la política de precios administrados creó un diferencial de hasta el 60% con países limítrofes, favoreciendo redes de contrabando con complicidad de funcionarios públicos.En materia de inversiones, el decreto crea un Régimen Extraordinario de Protección y Promoción de Inversiones para nacionales y extranjeros, garantizando estabilidad jurídica y tributaria por hasta quince años y trato no discriminatorio. Se priorizan sectores estratégicos como minería, hidrocarburos, energía, agroindustria, infraestructura y manufactura exportadora. Para agilizar la aprobación de proyectos, se implementa un procedimiento FAST TRACK con un plazo máximo de treinta días calendario y la creación de una Ventanilla Única de Inversiones Estratégicas bajo el Ministerio de Relaciones Exteriores.En cuanto al comercio exterior, se eliminan las autorizaciones previas de importación emitidas por el SENAVEX para agilizar el abastecimiento interno y se suprime la exigencia del Certificado de Abastecimiento Interno y Precio Justo para la exportación de productos agropecuarios e industriales, restableciendo la libertad de exportación de maíz, sorgo, azúcar y carne. El Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua será responsable de reglamentar mecanismos de monitoreo del abastecimiento interno sin fijación de precios.
En el sector energético, se fijan precios transitorios para los combustibles: gasolina especial a 6,96 Bs/litro, diésel oil a 9,80 Bs/litro, gasolina premium a 11,00 Bs/litro, gasolina de aviación a 10,57 Bs/litro, kerosene a 5,64 Bs/litro, jet fuel a 10,74 Bs/litro, gasoil a 5,69 Bs/litro y GLP a 2,25 Bs/kg.
En el ámbito financiero, se habilita el diferimiento automático de créditos para vivienda de interés social y para micro y pequeñas empresas por hasta seis meses, a solicitud de los prestatarios, sin que ello implique penalizaciones, incremento de tasas de interés ni afectación de la calificación crediticia. Las entidades financieras y aseguradoras deberán ajustar sus sistemas para implementar estas medidas y reportar a la ASFI el número y monto de créditos diferidos.
En materia de control gubernamental, se introduce la figura de las Auditorías de Cumplimiento Exprés, que permitirán evaluar el uso de recursos públicos en plazos extraordinariamente reducidos, con el fin de detectar desviaciones, responsabilidades civiles o penales y evitar demoras en la recuperación de fondos estatales. Estas auditorías podrán ser realizadas por la Contraloría General del Estado y las unidades de auditoría interna de todas las entidades públicas.
Finalmente, se instruye al Banco Central de Bolivia a transitar hacia un nuevo régimen cambiario para fortalecer la estabilidad macroeconómica y la competitividad externa, en coordinación con la ASFI, la Aduana Nacional y otras entidades, asegurando la transparencia y trazabilidad de las operaciones de comercio exterior y flujos de divisas.
Fuente: telam
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