>El gobierno de los Estados Unidos pidió a la jueza de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, que aplace su decisión sobre el pedido de Burford Capital para que le sean entregadas el 51% de las acciones de YPF que están en manos de la Argentina, en el marco de la causa por expropiación de la petrolera en 2012. El Departamento de Justicia norteamericano quiere presentar su opinión en el tribunal antes del 6 de noviembre, el día posterior a las elecciones presidenciales de ese país, aunque la magistrada tiene la posibilidad de no hacer lugar a esa solicitud.

“Van a recomendar a Preska que no ordene la transferencia de la titularidad de las acciones de YPF a los beneficiarios del fallo. Uno de los argumentos es que se trata de naciones amigas, soberanas y que mantienen buenas relaciones. Sin embargo, Estados Unidos sabe muy bien que nuestro país violó las leyes de los mercados de capitales locales y por eso no descarto que la juez nombre a un Special Master (mediador) y que ambas partes resuelvan la disputa”, dijo Maril en diálogo con Infobae.

Hay que recordar que el Estado local fue condenado el año pasado por Preska por mala praxis expropiatoria. Por eso deberá pagar USD 16.000 millones, cifra a la que le corren intereses que pronto sumarán casi otros USD 1.000 millones. Es una cifra de pago imposible para el país, y mucho menos en este contexto. Ese fallo de primera instancia fue apelado y se analiza en una Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York.

Con ese objetivo, Burford –al que por su accionar muchos comparan con un “fondo buitre”– interpone acciones contra Argentina para, por ejemplo, intentar embargar bienes de Estado en el extranjero; para demostrar que YPF y el gobierno argentino “son lo mismo” –que son “alter ego” entre ellos, en términos más técnicos–; para volver a incluir a la empresa en causa a YPF (la empresa fue exculpada por Preska); o, directamente, para intentar cobrar la deuda exigiendo el traspaso del 51% de las acciones que el Estado tiene en la petrolera. Todo eso genera un alto y constante tráfico procesal de pedidos y respuestas de ambas partes en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.