>Crece el rechazo en Bolivia por una disposición del Presupuesto General del Estado (PGE) que establece el decomiso de productos ante el almacenaje ilegal o el incremento inusual de los precios. Varios sectores económicos, entre ellos gremiales y productores, temen que la norma sea utilizada de manera arbitraria y la consideran un “atentado a la economía”.

En paralelo, y ante el creciente rechazo por esta disposición, el Gobierno ha manifestado que la ley no entrará en vigencia hasta que no se elabore un reglamento en consenso con los sectores que se sienten afectados a quienes han convocado a una mesa de diálogo que fue rechazada.

Los dirigentes de los gremiales tienen prevista una reunión el 30 de enero en la ciudad de Sucre y advierten movilizaciones a partir del 10 de febrero hasta conseguir que la disposición sea eliminada.

En esa misma línea, se dispuso reforzar los controles en las fronteras debido a que con la crisis cambiaria, se incrementó la venta ilegal de productos a los países vecinos en una práctica que el Gobierno denomina “contrabando a la inversa” y que influye en el abastecimiento y la estabilidad de los precios del mercado local.