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23/11/2025

Los rebeldes hutíes de Yemen condenaron a muerte a 17 personas por presunto espionaje

Fuente: telam

El sistema judicial controlado por el grupo insurgente acusa a los implicados de haber operado entre 2024 y 2025 con apoyo de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, Israel, Reino Unido y Arabia Saudita

>El grupo terrorista La sentencia describe una red que, según los jueces Yahya al Mansur y Rabie al Zubair, operó entre 2024 y 2025 con apoyo de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, Israel, Reino Unido y Arabia Saudita. El tribunal atribuye a los condenados el uso de dispositivos de comunicación cifrada y la instalación de cámaras ocultas conectadas a sistemas de transmisión en directo.

El fallo afirma que los implicados entregaron información sobre la ubicación de dirigentes hutíes, sus desplazamientos y el estado de posiciones militares sensibles. También habrían revelado datos sobre misiles, depósitos de proyectiles y puntos de lanzamiento. Los jueces sostienen que los acusados actuaron a cambio de pagos en efectivo.

El sistema judicial bajo dominio hutí suele recibir críticas de organismos internacionales. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos registró, en decisiones anteriores, testimonios sobre detenciones arbitrarias, torturas y confesiones obtenidas bajo coacción. En un comunicado de 2019, la oficina pidió la revisión de varias sentencias de muerte dictadas por tribunales hutíes y advirtió sobre “violaciones graves del debido proceso”.

Los gobiernos señalados en esta causa no emitieron comentarios inmediatos sobre la decisión judicial. Washington, Londres y Riad suelen evitar declaraciones públicas sobre procesos dentro de territorios sin reconocimiento internacional, mientras que Israel mantiene silencio sobre sus operaciones en Yemen pese a las tensiones de los últimos meses.

El uso de ejecuciones públicas forma parte de la estrategia de control social de los hutíes. Diversos informes de Human Rights Watch y Amnistía Internacional describen un aumento de sentencias capitales en áreas bajo su dominio desde el inicio de la guerra. Ambas organizaciones dudan de la existencia de garantías procesales y alertan sobre condenas utilizadas como herramienta política.

Fuente: telam

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