La normativa vigente, respaldada por la Ley de Contrato de Trabajo N°20.744, dispone que la segunda cuota del aguinaldo, correspondiente al período julio-diciembre, debe pagarse como máximo el 18 de diciembre. Si esa jornada cae en un día no laborable, el depósito debe efectuarse el último día hábil anterior. Un punto relevante es la tolerancia administrativa: la ley concede hasta cuatro días hábiles adicionales para que los fondos se acrediten, permitiendo como último plazo el 24 de diciembre de 2025.

El empleador está obligado a ajustarse a estos plazos. Cualquier incumplimiento puede ser denunciado ante las autoridades laborales y resultar en sanciones para la empresa. Los sindicatos y organizaciones gremiales instan a controlar la fecha del depósito y a informar irregularidades.

El aguinaldo se paga en dos cuotas cada año. La primera corresponde al primer semestre, de enero a junio: debe depositarse hasta el 30 de junio de 2026. La segunda, asociada al semestre julio-diciembre, se repite antes del 18 de diciembre del mismo año. Este esquema busca que los trabajadores y jubilados cuenten con un refuerzo económico durante los meses clave del calendario laboral y familiar.

La cantidad a cobrar surge de una fórmula establecida por la ley laboral argentina: se toma el 50% del mejor salario mensual recibido durante los seis meses previos al pago, incluyendo sueldo básico, horas extra, comisiones y todo monto remunerativo habitual. Por ejemplo, si el salario más alto entre julio y diciembre fue de 1.200.000 pesos, el aguinaldo bruto será de 600.000.

En el caso de los jubilados, la ley 24.241 determina que el aguinaldo se calcula tomando la mitad del haber jubilatorio más alto del semestre anterior. Los bonos extraordinarios, salvo disposición oficial, no integran la base para este cálculo.

Quienes ingresen a un empleo después de septiembre de 2025 y tengan menos de tres meses trabajados hasta el cierre del semestre también acceden a una porción proporcional del aguinaldo. Para calcular esa suma, el empleador toma el sueldo mensual más alto cobrado y lo multiplica por la cantidad de meses trabajados, dividiendo luego el producto por 12.

La exigencia de transparencia en cada recibo y el monitoreo del cumplimiento resultan fundamentales para salvaguardar los derechos laborales y el poder adquisitivo de los empleados durante uno de los períodos de mayor demanda económica del año.

Fuente: telam